El Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña (CAPD), el conocido como Santiago Apóstol, comenzó ayer a funcionar después de los cambios introducidos por la Consellería de Traballo e Benestar en la organización.
Las instalaciones simultanearán residencia y centro de día con un total de 120 plazas de oferta pública, unas 80 residenciales y 40 de atención diurna, cuyo número podría ampliarse según las últimas informaciones del departamento que dirige Beatriz Mato.
Esta oferta de plazas “está en condicións”, según la consellería,  de atender a los 110 usuarios que hasta ahora acudían al “Santiago Apóstol” y, además, permite la acogida en sus plazas públicas de nuevos usuarios que “cumpran os requisitos para o acceso”.
“A nova planificación busca responder a todos os intereses de todos os implicados: usuarios e familias, traballadores, e da propia Administración, co obxectivo de ofrecer mellores servizos”, señalaban desde Traballo e Benestar en un comunicado.
La “reformulación” del centro, responde, según la consellería, a la necesidad de “adecuar” la organización a la normativa existente, que establece que personas con discapacidad menores de 16 años –siempre que no deseen seguir estudiando hasta los 21 años– deben estar en el sistema educativo especial, mientras que los mayores de edad deben depender de la atención asistencial.
El nuevo centro pretende mejorar el servicio que estaba prestando el Santiago Apóstol, ya que se amplía la atención más allá de los 24 años, que era el límite de edad que establecido hasta el momento. “O que beneficiará tamén ás familias e as súas necesidades xa que, ata que se levou a cab esta reformulación, cando chegaban a esa idade tiñan que deixar o centro”, destacaron desde Traballo.

Conflicto > El departamento autonómico pretende así dar por zanjada el largo conflicto abierto desde que se anunció la reconversión del Santiago Apóstol.
Los trabajadores del centro asistencial llevan más de año y medio de protestas por considerar que el cambio de organización llevado a cabo por la Xunta supondría la eliminación de empleos.
Después de que la Xunta “amortizase” 19 puestos de trabajo el pasado mes de febrero, a principios de junio, los empleados sufrían un nuevo varapalo, cuando desde el gobierno autonómico se les anunciaba que se suprimirán otras nueve plazas de profesorado el próximo año.
La plantilla denunciaba entonces que la reconversión del centro de educación especial limitaría el acceso a personas con determinados porcentajes de discapacidad –con menos de un 75%– y destacaban que la pérdida de personal redundaría “negativamente” en la calidad del servicio que “si ya era complicado” con los últimos recortes sufriría un empeoramiento definitivo.
Unos recortes que llevaron a la plantilla del centro de educación especial a protagonizar varios encierros y protestas ante lo que consideraban “un daño social, daño educativo y un daño laboral” por parte de la administración autonómica.

Traslados > La Xunta salía al paso de las denuncias de la plantilla del Santiago Apóstol asegurando que las medidas tomadas en la reorganización del centro garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Eso sí, el gobierno autonómico reconocía que sus trabajadores serían trasladados a otros destinos para así poder adaptar el cuadro de personal, que cuenta con siete plazas nuevas en el área de enfermería y terapia ocupacional. Mientras que los puestos perjudicados son de pedagogía, fisioterapia, trabajo social, cocina y talleres.
La Consellería de Traballo e Benestar anunció que la reorganización del centro permitirá que se pongan en marcha dos nuevas instalaciones especializadas, por un lado, el centro de Educación Especial María Mariño y por otro el que atenderá a personas con discapacidad.
La gestión del Santiago Apóstol “será pública” tal y como recordaron desde la consellería y contará con personal propio.